En medio de una sequía histórica y una infraestructura energética inadecuada, Ecuador vive una crisis energética que ha generado apagones extendidos y pérdidas económicas. Esta situación ha obligado al gobierno de Daniel Noboa a declarar el estado de emergencia en el sector eléctrico y a implementar cortes programados que impactan tanto en hogares como en sectores industriales, con pérdidas económicas que superan los $72 millones diarios.
Durante la administración de Rafael Correa (2007-2017), se construyeron catorce hidroeléctricas bajo el proyecto de “Ciudades Eléctricas,” en un esfuerzo por cambiar la matriz energética de Ecuador hacia la dependencia de fuentes hidroeléctricas, una estrategia que inicialmente mejoró la estabilidad del suministro energético. Sin embargo, algunos de estos proyectos presentaron fallas desde su construcción, como la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que ha estado en constante reparación debido a problemas estructurales y acumulación de sedimentos en el río Coca, lo que provoca paradas periódicas en su operación.
Además, aunque Ecuador cuenta con una capacidad instalada de generación termoeléctrica, una parte significativa de esta está obsoleta o en mantenimiento, lo que reduce su eficiencia y capacidad de respuesta en tiempos de sequía. Ante este panorama, el ministro de Energía, Antonio Gonçalves, ha anunciado planes para adquirir más de 1,200 megavatios de generación termoeléctrica, aunque la implementación será gradual y no aliviará los efectos de la crisis a corto plazo.
Daniel Noboa ha sido criticado por la falta de soluciones inmediatas, aunque su gobierno heredó una situación energética deteriorada y altos niveles de deuda pública que limitan la capacidad de inversión. La crisis energética en Ecuador pone de manifiesto la necesidad de diversificar su matriz energética hacia fuentes renovables y de asegurar el mantenimiento adecuado de las infraestructuras hidroeléctricas ya existentes.
